Hay historias que se repiten a lo largo del tiempo y varias con cierta frecuencia, lo cual refleja, en algunos casos, una incapacidad para darles fin, y en otros, la ineptitud para dialogar, de tal manera que no se afecte a terceros. Los paros aeronáuticos, en particular los sorpresivos, generan la indignación de los usuarios y ocasionan pérdidas económicas de consideración.
Los cinco conductores de la Federación Argentina del Personal Aeronáutico anunciaron ayer que el lunes 26 de noviembre efectuarán un nuevo cese de actividades contra Aerolíneas Argentinas en reclamo del pago de un ajuste por inflación correspondiente a los salarios de septiembre. El paro se realizará también en rechazo de la política aerocomercial del Gobierno nacional y de las suspensiones a los empleados.
Aerolíneas Argentinas (AA) había sancionado el martes a 376 empleados que “abandonaron o retuvieron tareas” durante el jueves 8 de noviembre, que provocó la cancelación de 258 vuelos y afectó a 30.000 pasajeros. Los empleados suspendidos por fueron los de Tráfico (mostradores), centros de contacto, rampa, mantenimiento y pilotos. El único sector que se excluyó fueron los tripulantes de a bordo porque no participaron de la asamblea. Representantes de la empresa sostienen que la paritaria 2017/2018 venció el 31 de agosto, por lo que no corresponde el pago del ajuste por inflación solicitada.
A diferencia del cese de actividades del 8 de noviembre pasado, que fue sorpresivo y el Aeroparque se pobló de indignación y frustración de los miles de pasajeros varados por la cancelación de los vuelos, la anunciada para el lunes les da a estos la posibilidad de conocer, a modo de consuelo, cómo se reprogramará su vuelo.
En la década de 1990, Carlos Menem abrió la era de las privatizaciones en la Argentina. Uno de los argumentos esgrimidos fue que las empresas del Estado daban pérdidas como consecuencia de la mala administración y de la corrupción de décadas. Era entonces “necesario ingresar por las puertas grandes del Primer Mundo”; de manera que el Gobierno privatizó todo lo que podía ser rentable; en algunos casos, el Estado mantuvo una mínima participación en las acciones. Desde ese entonces, la historia de AA cambió radicalmente y con bastante frecuencia la compañía fue noticia por las constantes crisis y la falta de inversiones de los nuevos dueños. Se dijo entonces que la mayoría de las privatizaciones habían sido mal hechas. Lo cierto es que en el caso de Aerolíneas la crisis volvió a recrudecer en 2007. Con el correr del tiempo, las deficiencias se ahondaron y se sumó un largo conflicto con los pilotos. Tras marchas y contramarchas con las autoridades y empresarios españoles, el Gobierno decidió nacionalizar la línea. Sin embargo, los conflictos no cesaron.
Lo sorprendente en esta ecuación del conflicto es que ni patronal ni gremialistas se hacen cargo de los perjuicios que le causan a la víctima: el usuario, el que solventa con su bolsillo la existencia de la compañía y sus empleados. Este debe soportar las constantes reprogramaciones, pasar la noche en los aeropuertos u hoteles con la esperanza de poder viajar al día siguiente, no perder compromisos pactados, operaciones quirúrgicas o viajes al exterior. El Estado debería proteger al usuario de estos excesos que constituyen una total falta de respeto por los demás y convierten al usuario en un rehén de las partes en disputa.